Los Embera Katío y Chamí han perdido las cuentas de los días que llevan esperando el regreso al territorio. Varios de ellos completan casi una década en la ciudad, sin que hasta la fecha tengan una respuesta clara para retornar a los lugares de donde brotaron. Algunos, entre los años 2012 a 2016, vivieron una primera experiencia fallida de retorno; otros continúan a la expectativa de volver.
El líder Jesús Sintúa Arias, de la etnia Embera Katío, quien representa a 127 familias, unas 400 personas, que viven en una de las casas que funcionan con el sistema de pagadiario, en el sector de San Bernardo, relata que en el 2012 más de 100 familias regresaron tanto a Risaralda como a Chocó de donde son oriundas; sin embargo las condiciones en el territorio no fueron las mejores para vivir.
Sintúa cuenta que la Unidad de Víctimas les había prometido, como garantías de seguridad, casas dignas, proyectos productivos y condiciones de no repetición de los hechos. Pero, según los indígenas, estos acuerdos se incumplieron.
“Llegamos allá y nos dieron unas casas que no eran las mejores, tampoco logramos recuperar cultivos y ganado que nos iban a dar como medidas de reparación”, dice Jesús al exponer el acuerdo fallido con el Estado.
Por esas razones, las familias volvieron a Bogotá, y todavía siguen en el diálogo con la Unidad de Víctimas para retornar a sus resguardos.
Para un nuevo proceso de retorno, que se espera se dé en agosto próximo, los indígenas están solicitando viviendas amplias de ladrillo y cemento, un puesto de salud dotado con enfermeros y médicos tradicionales contratados por el Estado, la construcción de una escuela nueva con docentes de la misma etnia para que puedan garantizar la educación propia y el fortalecimiento de la lengua, y proyectos productivos de ganadería y cultivos con los que puedan sostener a sus familias.
Maximiliano Dominica Cheche, un anciano de 77 años, médico tradicional del pueblo Embera Katío del Alto Andágueda, en Chocó, dice que las peticiones que hacen los indígenas son justas porque la violencia les arrebató todo: la tierra, las costumbres y los lazos comunitarios que representan a los Embera.
El abuelo recuerda que la vida en su resguardo en el departamento de Chocó era tranquila hasta el año 1987. Para esa fecha, cuenta Maximiliano, eran ricos, había buen oro, los ríos tenían agua cristalina, pescaban sin temor y cultivaban maíz y cacao. “No necesitábamos molestar al gobierno, ni pedíamos en la calle, teníamos todo para vivir bien, las mujeres tejían tranquilamente”, dice con un dejo de resignación.
A principios de los 90 empezaron a llegar grupos armados, como las guerrillas de las Farc y el ELN, y organizaciones de paramilitares que se adueñaron de sus tierras.
Maximiliano comenta que tras la presencia de esos grupos, el gobierno envió más Ejército y se desataron confrontaciones armadas.
“Eso peleaban con los muchachos (guerrilla) y habían bombardeos, nos destruyeron todito. Se acabó el maíz, se perdieron unas 80 cabezas de ganado, dejamos de trabajar. Nos tocó salir”, narra.
El abuelo asegura que por más de 10 años aguantaron graves hechos de violencia como reclutamientos de menores, amenazas, asesinatos de sus líderes y violencia sexual contra sus mujeres, lo que llevó a que decenas de familias se desplazaran a ciudades como Risaralda, Medellín y Bogotá. La situación en los territorios que componen la gran nación Embera -en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca- habitada por los pueblos Katío, Chamí, Dóbida, Siapidaara y Eyabida, se volvió insostenible, y la forma de vida de los indígenas cambió. En las urbes las únicas opciones para sobrevivir han sido vender artesanías y mendigar en las calles.
Maximiliano también relata que entre 1997 y 2012 se presentó el mayor número de desplazamientos de sus comunidades a las grandes ciudades, y que al principio muchas familias no declararon por miedo y desconocimiento, luego se organizaron y los líderes empezaron a gestionar ayudas y denunciar los atropellos y crímenes que vivieron tanto hombres como mujeres.
“Llegamos a Bogotá, luego de ir y venir de varios lugares, ha sido difícil, no estamos bien. Es muy triste todo lo que nos ha pasado”, comenta.
Esta situación fue declarada en 2009 como una emergencia humanitaria por la Corte Constitucional a través del auto 004 en el que menciona el riesgo de exterminio de los pueblos indígenas por desplazamiento y muerte violenta de sus integrantes por razones del conflicto armado.
Sobre un nuevo proceso de retorno, la Unidad de Víctimas en Bogotá informó a través de su página web que está realizando, junto con la Alcaldía, una caracterización del pueblo Embera con el fin de tener claro el número de personas que retornarán. En una primera jornada, realizada en mayo de 2018, participaron 120 familias.
Jorge Sánchez, director territorial central de la Unidad para las Víctimas, afirmó que “es muy importante para la Unidad y para el Distrito garantizar las condiciones necesarias para que estas poblaciones puedan seguir con su calidad de vida”.
Jesús Sintúa, asegura que los Embera quieren regresar a sus tierras. Saben que la ciudad no es para ellos y que viven en condiciones inhumanas.
Pero mientras se logra el retorno, seguirán exigiendo ser oídos ante las distintas entidades de Estado. A sus líderes, unos diez, se los ve en los pagadiarios y albergues organizando las fotocopias de derechos de petición que han enviado a la Defensoría del Pueblo, ministerios y a la Unidad de Víctimas, sin que reciban respuestas que lleven a solucionar su situación en Bogotá.
