La guerra se libró en los territorios de 56 de los 102 pueblos indígenas reconocidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Entre 1958 y 2017 se registraron 29.098 agresiones y ataques como masacres, asesinatos selectivos, secuestros, atentados y amenazas, entre otros, de acuerdo con cifras del Sistema de Información de las Afectaciones Individuales y Colectivas de la ONIC.

“Queremos demostrar que en Colombia existe sistematicidad y continuidad del exterminio hacia los indígenas por parte de todos los actores del conflicto armado interno, que aquí sigue ocurriendo un etnocidio”, así lo dice la ONIC en el informe de afectaciones del conflicto armado que presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Las cifras de la barbarie son aterradoras. Las voces de 2.954 líderes fueron silenciadas con las armas; otros 675 nativos murieron en 123 masacres. “Asesinaron a mayores, consejeros, guardias, médicos tradicionales y otros miembros de las comunidades que era nuestros guías”, indicó Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la ONIC.  

El conflicto armado también dejó 639 indígenas desaparecidos. Los nombres de quienes murieron y de los ausentes, permanecen en las memorias colectivas de sus comunidades, que, a través de rituales y mingas de la palabra, mantienen vivo su recuerdo.

La guerra “larga y cruel”, como lo denominó, Aida Quilcué Vivas, consejera de Derechos Humanos de la ONIC, secuestró a 126 indígenas, reclutó a 540 niños y jóvenes de los territorios, y violentó sexualmente a 164 mujeres.

Los hechos los cometieron distintos grupos armados, entre guerrillas, autodefensas y fuerzas militares. “El 30% de los autores están sin identificar, el 28% son paramilitares, el 26% guerrillas y el 16% agentes del Estado”, sostuvo Arias.

 

Estas cifras hacen parte de una caracterización que adelantaron la ONIC y el Observatorio Nacional del Centro de Memoria Histórica en 26 departamentos del país.

De igual manera se informó que ante la gravedad de las violaciones de los derechos de los indígenas, intervino en Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre 1996 y 2018 ha otorgado 19 medidas cautelares y de protección a 15 pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también dictó dos medidas a favor de las etnias Kankuamo y Zenú.

Por su parte, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 advirtió que 34 pueblos se encontraban en vía de extinción física y cultural por razones del conflicto armado.

Los pueblos afectados por la guerra son: Kurripaco, Andoque, Macuna, Sáliba, Karapana, Guahibo, Tubú, Emberá Eyábida (Katío), Hitno, Yucuna, Piapoco, Wenaiwika, Muisca, Betoy, Pacabuy, Totoró, Karijona, Kichwa, Desano, Barí, Yukpa, Chimila, Emberá Dobida, Siona, Puinabe, Achagua, Huitoto, Kofán, Yanacona, Tikuna, Kogui, Cubeo, Koreguaje, Quillacinga, Pastos, Dujo, Inga, Kamëntsa, Sikuani, Arhuaco, Kokonuko, U'wa, Jiw, Wiwa, Nukak Makú, Kankuamo, Wayuú, Zenú, Gunadule, Awá, Misak, Tukano, Eperara Siapidara, Wounaan, Pijao, y Emberá Chami. 

El informe fue entregado a la JEP, el pasado 9 de abril en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como insumo del capítulo étnico de la justicia transicional.

Belkis Florentina Izquierdo Torres, magistrada indígena, expresó que es deber de la JEP encontrar la verdad y los responsables de la criminalidad que tanto daño le ha causado a estas comunidades. “Ha existido un abandono histórico hacia los territorios indígenas y sobre lo que allí sucedió”, comentó.

La Magistrada agregó que los casos se revisarán en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “con enfoques étnicos raciales y tendrán las mismas garantías tanto para las comunidades campesinas, afros y otros colectivos”.  

Territorios ancestrales siguen en guerra               

Después de la firma de la paz, en noviembre de 2016, entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las Farc, los territorios indígenas siguen siendo escenario de la disputa entre grupos armados. Desde ese año a la fecha van 12.390 hechos violentos.

Quilcué aseguró que el interés sobre el territorio, el narcotráfico y el control de distintos actores armados hoy ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

“68 indígenas han sido asesinados después de la firma de los acuerdos”, confirmó la Consejera de Derechos Humanos. También señaló que el mayor número de homicidios se han registrado en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó.

En esas mismas regiones tampoco se han podido generar los retornos de las comunidades que salieron desplazadas a las ciudades en las cinco décadas de conflicto armado. “En algunos casos se han concertado los planes con la Unidad de Víctimas, sin embargo ha sido muy difícil porque en territorios como el Chocó se ha agudizado el conflicto y es muy difícil retornar, no hay garantías”, denunció Quilcué.

Los indígenas esperan que la justicia actúe, quieren saber la verdad de lo ocurrido y buscan una reparación colectiva. Pero mientras ello se logra, resistirán en sus tierras, como lo vienen haciendo desde hace 500 años.

Artículos relacionados